Soberanía de los pueblos contra la guerra
Cada día conocemos cómo las grandes potencias dan nuevos pasos hacia el precipicio de la guerra mundial. Los gobiernos que se relaman de la democracia y de los derechos democráticos conculcan con políticas de guerra todos los derechos y conquistas sociales y, en particular, la libre opinión e información. Las autoridades que dicen defender los derechos democráticos prohíben en Europa las manifestaciones y actos de protesta contra la guerra y sus consecuencias de todo tipo, como es la carestía de la vida y la creciente desprotección social. En Alemania la policía ha asaltado el “Palestina Kongress”, impidiendo su desarrollo.
Los gastos militares son la anulación de gastos sociales. El Gobierno progresista español no puede esconder por más tiempo que, con sus políticas especulativas y de guerra, de aumento significativo de gastos militares y de superbeneficios para bancos y grandes empresas, está haciendo caer hasta tres puntos el poder adquisitivo de trabajadores y sectores populares, cuando 13 millones de personas están en riesgo de pobreza, de los que 4 millones sufren ya pobreza material severa. El Fondo Monetario Internacional insta al gobierno a reducir la pensión inicial de los jubilados, diciendo “que son muy superiores a los países comparables”, cuando la media de las pensiones contributivas es de 1.251 euros, y las no contributivas de 517,90, y se desarrollan planes de privatización.
Por ello, seguiremos adelante en defensa de la paz, y no aceptaremos bajo ningún concepto que se reprima el ejercicio de los derechos democráticos contra la guerra. Y nos comprometemos con otras organizaciones, corrientes y militantes a impulsar una candidatura a las próximas elecciones europeas por la paz y la soberanía de los pueblos, una candidatura que ayude a parar la guerra.
En España el presidente del Gobierno no responde a las exigencias de alto el fuego, de ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado de Israel, y por ello lanza la cortina de humo, una maniobra para ocultar el genocidio que se perpetra contra el pueblo palestino, afirmando que España ya está “preparada” para reconocer a Palestina. Algunas decenas de países del mundo han reconocido hace tiempo el llamado Estado palestino, y ello no ha modificado el colonialismo, la opresión y genocidio continuado, que el pueblo palestino sufre desde 1948.
La respuesta del presidente del Gobierno, desde el hemiciclo de Cortes, no puede ser más cínica: “creo que honestamente estamos haciendo lo que podemos y lo que debemos”. Los hechos desmienten sus declaraciones, dado que el apoyo del Estado español al de Israel ha sido permanente, de la misma manera que es total su apoyo al régimen de Zelenski para mantener la guerra de Ucrania. Es el dictado la monarquía, la OTAN y la Unión Europea, frente a las exigencias populares de defensa de los derechos del pueblo palestino y de negociaciones inmediatas de paz con Rusia. Los amos del mundo extienden la guerra, y nos remite al principio de la soberanía de los pueblos contra la guerra, con su capacidad de decisión y control de los órganos del Estado.
El Estado de la Monarquía es un régimen intervenido política y militarmente. Forma parte del bloque occidental bajo la hegemonía de los EEUU. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos ocuparon Europa con sus finanzas y ejércitos. Invadieron el viejo continente: Alemania, pero también Italia, Grecia…, como garantía de que toda Europa debería quedar bajo su control, ocupando así el papel jugado históricamente por el imperio británico en Europa y el mundo.
Las bases norteamericanas, los dictados económicos y financieros de la UE capitaneada por una Alemania bajo el mandato norteamericano, y el brazo armado de los norteamericanos en Europa, la OTAN, configuraron una España sometida a los amos del mundo. Los poderes económicos políticos y militares de las multinacionales y la OTAN ocupan el papel protagonista principal. Esta dependencia explica de forma suficiente el papel títere de los gobiernos españoles que, sean del color que sean, vienen a ejecutar una misma política monárquica y atlantista, y que en este momento se traduce en una posición beligerante a favor del acoso imperialista contra los pueblos del mundo. De manera que los amos del mundo violan de forma sistemática el principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados, negando el derecho de los pueblos a elegir su forma de gobierno y sistema político y económico; estableciendo una especie de estados verdaderos protectorados norteamericanos.
La Constitución pactada y el derecho político interno, manejado por una casta de altos magistrados que tratan de preservar los modos y maneras de la dictadura, es el resultado de un proceso histórico antidemocrático. El franquismo sin Franco solo ha sido posible en base a la impunidad y el consenso. Cuando en 1977 el Estado español ratificaba los principales tratados internacionales de derechos humanos y normas internacionales, lo hacía considerando que su aplicación sería nula. El Tribunal Supremo vino a condenar a las víctimas del franquismo a la más absoluta impunidad, y ello sin estar imputadas en procedimiento alguno en el que pudieran defenderse. El alto tribunal aprovechó el proceso penal contra el juez Garzón, para anular de hecho, por medio de dicha sentencia, el derecho internacional y humanitario, que sería de aplicación para más de tres millones de víctimas de la guerra, la dictadura y la transición, hasta nuestros días.
El sistema político e institucional establecido por la Transición significa el ahogamiento oficial de toda expresión de independencia política y sindical. Los partidos y sindicatos se financian a partir de los Pactos de la Moncloa y de la aprobación de la Constitución, vía presupuestos públicos. La corrupción política y económica se extiende como una mancha de aceite patrocinada por la casta política del consenso, y por los gerifaltes de las grandes empresas y bancos, que se enriquecen mediante fondos públicos que multiplican la deuda. Es conocida, históricamente, la relación entre política y guerra: “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, según Clausewitz.
La guerra es parte del Estado. Para F. Engels la guerra es un medio para el logro de determinados fines, y la fuerza no es sino el medio. Contribuir a parar la guerra significa establecer una política de paz basada en la justicia social contra la explotación y la opresión. Las guerras -que se multiplican- han venido a agravar todas las condiciones de existencia, de vida y trabajo; y por ello, la demanda de parar la guerra se ha convertido en la primera exigencia política y social.
En el Estado español caben dos posibles expresiones al respecto: la complicidad con la guerra y el genocidio -como practica el gobierno y la Unión Europea-, o la lucha contra la guerra, que pasa por exigir a todas las instituciones implicadas la ruptura con el sionismo y el imperialismo. Las Cortes Generales y el Gobierno han de tener en cuenta las demandas de alto el fuego inmediato, que han venido a revertir los planes de despolitización de nuestra sociedad, tomando las medidas necesarias: la anulación de los gastos militares, la retirada de las tropas desplegadas, la ruptura con los Estados y Alianzas que empujan a la guerra.
Ante la guerra que se extiende no cabe sino la complicidad o la ruptura. De forma decidida, llamamos a quienes ostentan el poder, a quienes gobiernan, a que rompan con todas las políticas de militarismo y de guerra.
ESPACIO INDEPENDIENTE publicación periódica de un grupo de reflexión militante del PSLF
